Hermes García Martínez lleva casi año y medio preso en la cárcel de Picaleña, condenado a 32 años por delitos atribuidos a alias «Hitler», un excomandante paramilitar del Bajo Cauca ya fallecido. Su defensa asegura que se trata de un caso de homonimia sin prueba biométrica que lo respalde
En el patio de reclusión de la cárcel de Picaleña, Hermes García Martínez repite una frase como mantra: «mi conciencia la tengo limpia». Este campesino cafetero de 55 años, oriundo de la vereda Gaitán, en Ríoblanco, sur del Tolima, asegura llevar sobre sus hombros una condena de 32 años que no le pertenece: la de alias «Hitler», un jefe paramilitar señalado de múltiples delitos en la costa Caribe colombiana y que, según su versión, murió en un bombardeo militar en Segovia, Antioquia, hacia el año 2010.
«Cuando me implican en esto, para mí es una pesadilla muy dura, difícil para soportarla», relató García Martínez en entrevista para Testimonios, el espacio de El Irreverente Ibagué, desde el centro penitenciario donde permanece recluido desde mayo de 2025.
La historia se remonta al 22 de marzo de 2025. Ese día, García Martínez —quien para entonces dirigía una asociación de caficultores, con 60 asociados— había pasado la jornada legalizando documentación de la organización ante la DIAN y la Cámara de Comercio en Chaparral. Al llegar a la vereda Gaitán, mientras esperaba el transporte de regreso a su finca, las autoridades le pidieron la cédula.
«Cuando llegaron y me pidieron la cédula, ahí desafortunadamente caigo en esa vuelta», contó. Fue trasladado al puesto de policía, donde le notificaron que existía en su contra una orden de captura a nombre de Hermes García Martínez, alias «Hitler», con una condena vigente de 32 años.
Los siguientes dos meses los pasó en un calabozo en Ríoblanco, bajo el mando de un guardia al que describió como especialmente severo, antes de ser trasladado a Picaleña en mayo de 2025.
El núcleo de la defensa de García Martínez está en el documento de identidad. Según explicó, su cédula fue «escaneada y puesta» al expediente judicial que corresponde al proceso contra alias «Hitler», sin que exista, hasta ahora, una prueba biométrica —huella dactilar, registro odontológico o prueba genética— que confirme que se trata de la misma persona.
«Me escanean la cédula y se la asignan al final del expediente. Es escaneada, ahí no hay nada más que hacer», afirmó el interno, quien insiste en que nunca ha pisado la costa Caribe, donde presuntamente ocurrieron los hechos por los que fue condenado.
El abogado penalista que representa el caso, David Palacios, explicó que la vía para revertir la condena es una acción de revisión penal ante la Corte Suprema de Justicia, sustentada en prueba sobreviniente. «Hay que traer esos elementos de prueba (…) recordemos que es un tema probatorio», señaló Palacios, quien enumeró como pasos necesarios solicitar a la Registraduría el acta de defunción de alias «Hitler», además de las pruebas dactiloscópica, odontológica forense y genética que permitan establecer con contundencia si se trata o no de la misma persona.
En medio de su reclusión, García Martínez encontró lo que describe como una posible salida. Un compañero de patio, identificado como Pablo, vinculado también a una estructura paramilitar, lo puso en contacto —mediante videollamada— con Jacinto Nicolás, alias «Don Leo», recluido en la cárcel de Cómbita y señalado como comandante de la estructura que habría ordenado el crimen atribuido a García Martínez.
Según el relato del entrevistado, Don Leo reconoció en la llamada haber dado la orden del homicidio ocurrido en 2007 en el Cesar, el mismo hecho por el que hoy responde García Martínez. «Yo lo mandé a matar. Estoy pagando 38 años por él», habría dicho Don Leo, de acuerdo con el testimonio recogido por Testimonios.
En los próximos días, según indicó García Martínez, investigadores de su defensa se desplazarán a la cárcel de Cómbita para tomar declaración formal a Don Leo y a un segundo hombre señalado como el autor material del homicidio, en un esfuerzo por consolidar la prueba sobreviniente que exige el proceso de revisión penal.
García Martínez también denunció fallas en la atención médica dentro de la cárcel de Picaleña. Aseguró padecer una hernia discal diagnosticada antes de su captura, para la cual solicitó una nueva resonancia y valoración por ortopedia sin haber obtenido respuesta oportuna. «La salud es lo más feo, lo más pésimo que hay en esta cárcel», afirmó.
Para el abogado Palacios, el caso no se agota en la eventual exoneración judicial. De comprobarse la homonimia, sostiene, se configuraría una falla en el servicio por parte del Estado colombiano, con responsabilidad administrativa por el daño moral, económico y familiar causado a García Martínez y su núcleo familiar —su esposa y sus tres hijos, uno de ellos una niña de nueve años—. «Con la sentencia de exoneración en la acción de revisión penal, el juez administrativo inmediatamente condena al Estado colombiano por una falla en el servicio», explicó el abogado.
Pese a la incertidumbre, García Martínez insiste en que su comunidad en Ríoblanco y en la vereda Gaitán respalda su versión. Recordó su trayectoria como secretario y presidente durante ocho años de la Junta de Acción Comunal de su vereda, así como su participación como jurado de votación, elementos que —según afirma— podrán aportarse como prueba de su comportamiento social.
«Mi mensaje es para mi gente de Ríoblanco, de Gaitán, todo mi vecino, mi familia: que estén tranquilos, que yo soy una persona inocente y que todo me va a salir bien», concluyó.
Entrevista completa aquí:
