La incertidumbre volvió a apoderarse de decenas de familias del barrio Villa Leidy, en la comuna 12 de Ibagué, luego de que recibieran la notificación de un desalojo programado para el próximo 19 de agosto, pese a que aseguran tener en curso un proceso judicial de pertenencia que, según afirman, ya se encuentra en su etapa final.
Los residentes, quienes aseguran llevar más de 20 años habitando el sector, hicieron un llamado urgente a la Personería Municipal, la Procuraduría, la Alcaldía de Ibagué y la Policía Metropolitana para que intervengan y acompañen el proceso, al considerar que existirían presuntas irregularidades en el trámite.
Olga Pava, una de las habitantes afectadas, explicó que desde hace varios años iniciaron un proceso de pertenencia sobre los inmuebles que ocupan, luego de demostrar que han pagado impuestos, servicios públicos y que han ejercido posesión continua sobre las viviendas.
«Nosotros llevamos aproximadamente 23 años viviendo aquí. Compramos nuestros lotes, construimos nuestras casas y hemos pagado impuestos y servicios públicos durante todo este tiempo. El proceso de pertenencia ya había avanzado con testimonios, peritajes y otras actuaciones judiciales», manifestó.
Sin embargo, la comunidad asegura que recientemente conoció que la decisión sobre ese proceso judicial solo se conocería en octubre, mientras que el desalojo quedó programado para el 19 de agosto, situación que consideran contradictoria.
«¿Cómo es posible que primero nos desalojen y dos meses después salga el fallo del proceso de pertenencia? Eso es lo que no entendemos y por eso pedimos que revisen nuestro caso», señaló la residente.
Los habitantes afirman que muchas de las viviendas fueron levantadas con el esfuerzo de años de trabajo y que algunas cuentan con construcciones de varios pisos realizadas por sus propietarios.
Según relatan, la controversia comenzó hace aproximadamente cinco años, cuando una mujer identificada por ellos como Miriam Mancera habría reclamado la propiedad de los terrenos e iniciado procesos judiciales para recuperar los predios.
De acuerdo con la comunidad, algunos vecinos ya fueron desalojados en años anteriores y aseguran que varias familias terminaron perdiendo las viviendas que construyeron durante décadas.
Frente a este panorama, los residentes solicitaron la instalación de una mesa de trabajo con las autoridades municipales y los organismos de control para revisar cada uno de los casos antes de ejecutar el operativo.
«Nosotros no estamos pidiendo que nos regalen nada. Compramos de buena fe, construimos nuestras casas y queremos que el proceso sea justo. Pedimos que las autoridades escuchen a la comunidad antes de que ocurra el desalojo», indicó Olga Pava.
La comunidad también hizo un llamado a los organismos de control para que acompañen el procedimiento previsto para el 19 de agosto, fecha en la que, aseguran, no abandonarán voluntariamente las viviendas.
Mientras tanto, los habitantes esperan que las autoridades revisen la situación jurídica de los predios y evalúen las solicitudes presentadas, con el fin de evitar que decenas de familias queden sin hogar antes de que exista una decisión definitiva sobre los procesos de pertenencia que actualmente cursan ante la justicia.
