Nuevos movimientos se registran dentro del proceso judicial por el ataque armado que dejó gravemente herido a Roger Steven González, el joven de 18 años que permanece en estado de coma luego de recibir un disparo en la cabeza durante un violento hecho ocurrido en el barrio Las Delicias de Ibagué.
En las últimas horas, esta redacción judicial conoció que en audiencia adelantada ante el Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué, la defensa de Manuel Iván Lozano Vega, uno de los señalados implicados en este caso, solicitó que el procesado no continúe privado de la libertad en un centro carcelario, sino que sea trasladado a un resguardo indígena, argumentando que pertenecería a una comunidad asentada en el municipio de Natagaima.
Sin embargo, el juez de control de garantías negó la petición, al considerar que los elementos entregados por la defensa no permiten establecer con suficiencia que el procesado tenga un arraigo efectivo, activo y previo con esa comunidad indígena, más allá de una certificación allegada al expediente.
El caso que conmocionó a Ibagué
El proceso judicial gira alrededor del ataque ocurrido el pasado 10 de junio, cuando lo que parecía una mañana normal terminó convertido en tragedia para una familia ibaguereña.
Ese día, hacia las 10:30 de la mañana, dos hombres armados irrumpieron en una vivienda del barrio Las Delicias. En el inmueble se encontraban la madre de Roger Steven y el joven, quien cursa tercer semestre de Ingeniería Civil en la Universidad de Ibagué y además integra las filas de Juventud Tolima como futbolista.
Según la versión entregada por la familia, los delincuentes ingresaron preguntando insistentemente por dinero. El padre del muchacho, Nitor González, relató que los hombres repitieron varias veces la exigencia y, en cuestión de segundos, uno de ellos le disparó a su hijo en la cabeza.
“Lo único que pedían era plata. A la tercera vez que preguntaron, dispararon directamente a la cabeza de mi hijo”, contó en su momento el padre del joven a esta redacción.
Desde entonces, Roger Steven permanece en delicado estado de salud. Aunque sus familiares han reportado leves signos de mejoría en los últimos días, el muchacho continúa librando una batalla por su vida desde una cama hospitalaria.
La solicitud de la defensa y la duda del juez
En medio de ese proceso, la defensa de Manuel Iván Lozano Vega promovió una solicitud para que el procesado fuera trasladado a un resguardo indígena, argumentando que hace parte de una comunidad indígena de Natagaima y que, por esa condición, la privación de la libertad debía cumplirse allí y no en establecimiento carcelario.
No obstante, durante la audiencia el despacho advirtió serias dudas sobre esa pertenencia.
Uno de los primeros reparos estuvo relacionado con la información entregada por el propio procesado al momento de su captura. Según lo conocido por esta redacción, en el acta de captura Lozano Vega dijo ser oriundo de Sincelejo, Sucre, y reportó residencia en un barrio de Ibagué. Solo posteriormente apareció dentro del proceso una certificación expedida por una autoridad indígena de Natagaima en la que se afirma que sería integrante de un resguardo de ese municipio. Para el juez, esa sola certificación no era suficiente.
De acuerdo con la argumentación expuesta en audiencia, el despacho dejó claro que en este tipo de solicitudes no basta con que un gobernador o representante de la comunidad certifique que una persona aparece en un censo indígena. A su juicio, es necesario que existan elementos de corroboración adicionales que permitan establecer que el procesado realmente comparte usos, costumbres, dinámicas y arraigo con la comunidad, y que esa vinculación venía de tiempo atrás, de manera estable y verificable.
Las inconsistencias que advirtió el despacho
El juez hizo énfasis en que la defensa presentó una certificación según la cual Manuel Iván Lozano Vega sería integrante del resguardo desde febrero de 2024 y que, supuestamente, aparece en el censo de 2026 del Ministerio del Interior.
Sin embargo, el despacho consideró que esa afirmación no tuvo respaldo suficiente dentro del expediente.
Según lo expuesto en la audiencia, si el procesado realmente hubiese sido miembro activo de la comunidad desde 2024, la defensa pudo haber allegado otros elementos que acreditaran esa pertenencia, como por ejemplo:
- constancias de participación en reuniones comunitarias durante 2024, 2025 y 2026;
- registros o imágenes de actividades del resguardo en las que hubiera estado presente;
- certificaciones sobre intervención en decisiones internas o actos propios de la comunidad;
- o documentos que demostraran su presencia en censos anteriores al de 2026.
Pero, según el análisis del despacho, esos soportes no fueron aportados.
El juez señaló además que la información allegada por la defensa solamente permitiría verificar, de manera preliminar, una inscripción dentro del censo de 2026, mas no una pertenencia activa y continua desde años anteriores. Por eso, consideró que persistía la incertidumbre sobre si Lozano Vega realmente tenía un vínculo ancestral, cultural y comunitario consolidado con el resguardo, o si la certificación apareció únicamente dentro del trámite judicial.
El despacho también indicó que si bien existe información según la cual el procesado habría residido por años en el municipio de Natagaima, esa sola circunstancia no acredita por sí misma que pertenezca material y activamente a una comunidad indígena ni que esté arraigado a sus usos y costumbres.
La decisión del juzgado
Con base en esos argumentos, el Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías resolvió negar la solicitud de traslado o permanencia del procesado en el resguardo indígena y mantener la medida privativa de la libertad en el lugar dispuesto por las autoridades.
No obstante, la decisión no quedó en firme. Esta redacción conoció que la defensa interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido, por lo que ahora será un juez de segunda instancia el encargado de revisar si la decisión del juzgado de garantías se mantiene o si, por el contrario, accede a la pretensión de la defensa.
Un caso que sigue generando indignación
Mientras la discusión jurídica avanza, la familia de Roger Steven sigue aferrada a la recuperación del joven, cuya vida cambió de manera brutal aquel 10 de junio.
Quienes lo conocen lo describen como un muchacho disciplinado, dedicado al estudio y al deporte, alejado de problemas y con sueños claros: terminar su carrera de Ingeniería Civil y seguir creciendo en el fútbol competitivo.
Hoy, esos sueños permanecen suspendidos por un ataque que lo dejó entre la vida y la muerte y que mantiene a su familia exigiendo justicia.
El proceso penal contra los implicados sigue su curso, mientras las autoridades buscan esclarecer por completo la participación de cada uno de los involucrados en este hecho que conmocionó a Ibagué.
