Una hacienda de 1.154 hectáreas ubicada en Cimitarra, Santander, quedó bajo medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo luego de una solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación ante el Tribunal Superior de Bucaramanga.
Se trata de la finca Piedra Linda, un predio avaluado en más de $21.300 millones que, de acuerdo con la investigación, habría estado relacionado con estructuras paramilitares que operaron en el Magdalena Medio.
Según la Fiscalía, labores de policía judicial y testimonios recopilados durante la investigación indican que el inmueble habría sido utilizado para el entrenamiento físico y armado de integrantes de grupos paramilitares.
Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores es la presunta presencia de instructores extranjeros contratados por esas organizaciones para adelantar procesos de formación militar. La Fiscalía no identificó en su comunicación los nombres ni las nacionalidades de esas personas.
El predio también aparece relacionado con otras actividades atribuidas a estructuras paramilitares. En documentación judicial de la Fiscalía se registra que en la hacienda Piedra Linda fue instalada una válvula clandestina sobre la infraestructura de transporte de hidrocarburos, utilizada para facilitar el hurto de combustible. El documento ubica esta conexión dentro de una red de válvulas empleadas por una estructura paramilitar para extraer ilegalmente hidrocarburos.
La finca también aparece mencionada en decisiones judiciales relacionadas con hechos de violencia paramilitar. Una sentencia de Justicia y Paz registra que integrantes de estructuras armadas llevaron hasta la Finca Piedra Linda, en el sector de San Pedro de la Paz, a dos hombres que posteriormente fueron asesinados y arrojados al río Magdalena.
Por otra parte, el Centro Nacional de Memoria Histórica registra una masacre ocurrida en 1978 en un sitio identificado como Piedra Linda, en Cimitarra, en la que cinco personas fueron asesinadas y cuyo autor aparece registrado como un grupo paramilitar. El registro histórico no permite establecer por sí solo si se trata exactamente del mismo predio intervenido ahora por la Fiscalía.
La investigación actual también encontró que, aunque Piedra Linda figura registrada a nombre de una particular, los análisis patrimoniales realizados por las autoridades habrían evidenciado una posible relación del inmueble con personas vinculadas a actividades de narcotráfico y a la conformación de estructuras armadas.
La Fiscalía informó que la hacienda será puesta a disposición de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), con el propósito de que el predio genere recursos destinados a la reparación de personas afectadas por el conflicto armado.
La medida hace parte del proceso de extinción de dominio, mediante el cual el Estado busca afectar bienes que presuntamente estuvieron vinculados con actividades ilícitas y destinarlos, cuando corresponda, a fines de interés público y reparación de las víctimas.
