El precio del ACPM o diésel se ha convertido en una nueva presión para las finanzas del Gobierno. Mientras el precio internacional de referencia del combustible aumentó cerca de 67 % entre enero y septiembre, el precio en Colombia solo subió alrededor de 3 %. La diferencia entre ambos valores ya supera los $8.000 por galón.
El ACPM es utilizado principalmente por camiones, buses, maquinaria y otros vehículos de trabajo. Por eso, un aumento en su precio puede elevar los costos del transporte de mercancías y pasajeros y terminar afectando el precio de algunos productos.
Para evitar que todo el aumento internacional llegue de inmediato al consumidor, Colombia utiliza el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Este mecanismo ayuda a mantener más estable el precio del ACPM, pero cuando la diferencia entre el valor internacional y el nacional crece, también aumenta la presión sobre los recursos públicos.
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), centro de estudios económicos, advirtió que, si las condiciones actuales se mantienen, el déficit del FEPC podría llegar a $6,6 billones durante 2026. La entidad considera cada vez más necesario establecer aumentos graduales en el precio interno del ACPM para reducir la diferencia con el mercado internacional.
El Gobierno, sin embargo, mantuvo sin cambios el precio del ACPM durante octubre. El Ministerio de Minas y Energía explicó que la actualización de otros componentes de la fórmula permitió mantener el precio al consumidor y, al mismo tiempo, reducir los recursos que la Nación necesita para sostenerlo. El ahorro fiscal estimado para octubre es de $15.803 millones.
A esta discusión se suma el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Su director, Mauricio Salazar, señaló que mantener subsidiado el ACPM representa una presión importante para las finanzas públicas. Según el análisis, el costo del subsidio al diésel alcanzaría $9,5 billones y también habría incidido en la reducción de los dividendos entregados por Ecopetrol a la Nación.
El debate, por ahora, enfrenta dos objetivos: mantener estable el precio del ACPM para evitar un impacto sobre los hogares y el transporte, o avanzar en ajustes que reduzcan el costo que esta política representa para las cuentas del Estado.
