Un nuevo operativo contra la explotación ilícita de yacimientos mineros dejó una millonaria afectación económica en el sur del Tolima. Durante esta semana, las autoridades intervinieron tres unidades de producción minera ubicadas en jurisdicción de Chaparral y Coyaima, donde fue destruida maquinaria cuyo valor, según el balance oficial, supera los $1.800 millones.
En el operativo participaron efectivos del Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el acompañamiento de la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros. La operación fue dada a conocer por la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, quien destacó el despliegue de las autoridades para intervenir puntos señalados como escenarios de explotación minera ilícita.
De acuerdo con el reporte oficial, durante las intervenciones fueron destruidos:
- 3 unidades de producción minera.
- 3 excavadoras.
- 4 motores industriales Cummins.
- 4 clasificadoras.
- 1 planta eléctrica.
Además, las autoridades reportaron la incautación de material de guerra y un vehículo tipo camión.
La maquinaria encontrada permitió establecer, según el balance entregado por las autoridades, una afectación económica superior a los $1.800 millones, reduciendo de manera significativa la capacidad operativa de los puntos intervenidos.
Más allá de la destrucción e incautación de equipos, las autoridades sostienen que estas operaciones buscan afectar las economías que se mueven alrededor de la explotación ilícita de los recursos naturales, y las posibles fuentes de financiación asociadas a estructuras criminales.
Los procedimientos en Chaparral y Coyaima hacen parte de las acciones que durante las últimas semanas se han intensificado en diferentes municipios del Tolima para identificar e intervenir puntos donde presuntamente se adelanten actividades de explotación minera sin los permisos y requisitos establecidos. Las autoridades anunciaron que los operativos continuarán en distintas zonas del departamento, con el objetivo de ubicar nuevos puntos de explotación y afectar la capacidad económica y operativa de quienes desarrollen estas actividades al margen de la normativa vigente.
