El esquema de seguridad asignado a Juliana Guerrero tuvo un costo de $739 millones para el Estado entre marzo de 2025 y septiembre de 2026, según reveló este martes el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.
La cifra corresponde a cerca de 18 meses de protección. De acuerdo con información conocida previamente, Guerrero contaba con un vehículo blindado y dos personas de protección, después de que el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) determinara que enfrentaba un nivel de riesgo extraordinario.
El esquema había sido asignado durante la administración anterior de la UNP. En agosto de 2026, la entidad decidió retirar las medidas de protección después de realizar una nueva evaluación sobre las condiciones de riesgo de Guerrero.
La asignación de la protección ya estaba bajo revisión de la Procuraduría. El Ministerio Público abrió una indagación previa para establecer si existieron irregularidades en los estudios de riesgo y en el procedimiento utilizado para asignar y mantener el esquema de seguridad. Para ello, solicitó a la UNP y el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) los estudios, solicitudes, conceptos y actas relacionadas con la decisión.
La revelación del costo se conoció en medio del debate sobre el funcionamiento de los esquemas de protección financiados por el Estado y las decisiones adoptadas por la UNP durante los últimos años. La Procuraduría deberá determinar si en el caso de Guerrero se presentaron irregularidades en el proceso que llevó a la asignación de la protección.
