La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exalcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, y a otras siete personas por presuntas irregularidades en la selección del contratista y en la ejecución del contrato de interventoría del proyecto del puente de la calle 60.
El contrato de interventoría superó los $2.997 millones y tenía un plazo de ocho meses para realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico a la construcción del puente elevado de la calle 60 con carrera Quinta y sus interconexiones.
Uno de los principales señalamientos de la Fiscalía está relacionado con los pagos al consorcio interventor. Según la investigación, los desembolsos debían realizarse de acuerdo con el porcentaje de ejecución de la obra. Sin embargo, se habrían reconocido más de $1.000 millones cuando la construcción registraba un avance inferior al 6 %.
La Fiscalía también señaló presuntas irregularidades en el proceso de selección. Según el ente acusador, el comité evaluador jurídico habría tramitado y aprobado la propuesta del consorcio representado por el contratista Francisco José Restrepo Albarello, pese a que este estaría inhabilitado para contratar con el Estado.
La Fiscalía le atribuye al exalcalde presuntamente haber omitido los controles necesarios sobre el proceso de selección y la ejecución contractual. También fueron imputados la exsecretaria de Infraestructura Sharon Dayana Guzmán González, tres exsupervisores, dos exasesoras de la Alcaldía y el representante legal del consorcio interventor.
De acuerdo con la responsabilidad individual atribuida por la Fiscalía, los procesados fueron imputados por delitos como peculado por apropiación en favor de terceros, peculado por apropiación en favor propio, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades. Ninguno aceptó los cargos.
Tras la audiencia, Hurtado rechazó los señalamientos y aseguró que el proyecto quedó en marcha y con los recursos garantizados al finalizar su administración en 2023. El exalcalde también sostuvo que no se perdió dinero del erario y recordó que está amparado por la presunción de inocencia.
Este no es el único proceso judicial y/o disciplinario relacionado con su paso por la administración pública de la ciudad musical.
Uno de ellos corresponde al caso de los llamados ‘piques ilegales’ en el Aeropuerto Perales, por hechos ocurridos cuando Hurtado era gerente del terminal aéreo. En ese proceso, la justicia precluyó la investigación por el delito de peculado por uso.
En otro proceso, relacionado con el uso del estadio Manuel Murillo Toro para la celebración del cumpleaños de uno de sus hijos en 2021, Hurtado fue condenado en primera instancia a 30 meses de prisión por el delito de peculado por uso. La decisión fue apelada y, por ahora, no está en firme.
En materia disciplinaria, la Procuraduría había impuesto en febrero de 2026 una sanción de destitución e inhabilidad por 12 años por presunta participación indebida en política. Sin embargo, en septiembre el organismo revocó esa decisión y ordenó archivar el proceso, al considerar que no estaban acreditados los elementos suficientes para confirmar la responsabilidad disciplinaria.
Ninguno de los ocho procesados, incluido Andrés Hurtado, aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. El proceso judicial continuará para determinar la responsabilidad individual de los involucrados frente a las presuntas irregularidades investigadas.
