El presidente Abelardo de la Espriella anunció que las personas que participen en el robo de hidrocarburos serán perseguidas por el Gobierno como integrantes de estructuras terroristas, al considerar que esta actividad alimenta otras economías ilegales.
La declaración fue hecha este lunes 5 de octubre en Valledupar, durante la activación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, una nueva unidad integrada por el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía, con apoyo de la Fiscalía y organismos de inteligencia e investigación criminal.
“Quien hurta hidrocarburos hace parte de la cadena terrorista, porque con esos hidrocarburos se fabrica la cocaína”, afirmó el mandatario, quien agregó que quienes participen en esta actividad serán tratados “como lo que son: terroristas”.
El Gobierno sostiene que el combustible extraído ilegalmente termina financiando a estructuras armadas y otras actividades criminales, entre ellas la producción de cocaína y la minería ilegal. Durante el mismo anuncio, De la Espriella aseguró que en lo corrido de 2026 se han robado más de 1,2 millones de barriles de hidrocarburos, con un valor superior a $771.000 millones.
El presidente también señaló que desde el primero de septiembre las autoridades han recuperado más de 100.000 galones de combustible, además de reportar 21 capturas, la incautación de 22 vehículos y el desmantelamiento de 46 válvulas ilegales.
En marzo, Ecopetrol había informado que entre 2025 y lo corrido de 2026 se habían registrado pérdidas superiores a 950.000 barriles, con un impacto cercano a 81 millones de dólares para el Grupo Ecopetrol.
La Fuerza de Tarea Conjunta Urano tendrá su sede en Aguachica, Cesar, y concentrará operaciones en zonas donde las autoridades han identificado estructuras dedicadas al hurto de hidrocarburos. La instrucción presidencial es perseguir no solo a quienes extraen el combustible de manera ilegal, sino también a quienes financian, transportan, almacenan, compran y reciben los hidrocarburos hurtados.
De acuerdo con el Gobierno, la estrategia busca afectar las finanzas de las estructuras criminales que obtienen recursos de esta actividad y evitar que el combustible termine alimentando otros negocios ilegales. La declaración del presidente no significa que toda persona que robe hidrocarburos quede automáticamente acusada o condenada por terrorismo.
El Código Penal establece requisitos específicos para que una conducta pueda ser considerada terrorismo. Por eso, cada caso deberá ser investigado y deberá determinarse si cumple los elementos establecidos por la ley.
La novedad anunciada por el Gobierno está en la decisión de perseguir el robo de hidrocarburos como parte de las actividades que, según el Ejecutivo, sostienen financieramente a estructuras armadas y otras organizaciones criminales.
