Ante una denuncia pública del Representante a la Cámara, Ricardo Ferro Lozano, la Contraloría General de la República se comprometió a abrir una investigación al escándalo de un convenio firmado entre la alcaldía de Ibagué y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC, por 9 mil 400 millones de pesos para adelantar la actualización catastral en la capital tolimense.
En una detallada exposición, en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, en el marco del debate al impuesto predial, Ferro Lozano reveló ante los organismos de control y el país las actuaciones de quienes adelantaron el operativo de la actualización catastral en Ibagué.
!Me toca hacer una denuncia pública aquí. Tiene que ver con un escándalo de corrupción en la ciudad de Ibagué. Se trata de una actualización catastral llevada a cabo en la capital tolimense. La alcaldía suscribió con el IGAC en 2017 un convenio para la actualización catastral¡, subrayó Ferro.
Y continuó diciendo: !A comienzos de este año cuando empezaron a llegar los recibos a los propietarios de Ibagué, aparecieron entonces incrementos del 300%, 500% y hasta del 600%; y entonces comenzó a destaparse uno de los escándalos de corrupción más grandes de nuestra capital¡; relató el representante del Centro Democrático.
El parlamentario desempolvó denuncias sobre la falta de idoneidad de quienes adelantaron la actualización y, según él, los reprochables procedimientos que utilizaron.
También agregó: !Señor Vicecontralor: la Contraloría no ha hecho absolutamente nada. Han pasado 10 meses y nada. Y lo que más nos genera desconfianza es que no bastó este escándalo de la parte urbana y ya hay un convenio por 2.100 millones de pesos para la actualización rural¡.
En respuesta a la denuncia, el Vicecontralor de la República, Ricardo Rodríguez, anunció la apertura de una investigación inmediata.
!Me comprometo a Iniciar actuación especial en cuanto al seguimiento de los recursos, haciendo énfasis en lo que tiene que ver con los convenios ente el IGAC y las regiones; especialmente Ibagué. El caso de Ibagué lo definimos como un objetivo del plan de vigilancia fiscal; luego de la denuncia que usted, doctor Ricardo Ferro, formula en este momento¡.
