La Cancillería reveló hallazgos preliminares en una revisión de la contratación realizada durante 2026. Desde el pasado 7 de agosto, la entidad ha revisado 811 contratos por un valor cercano a $92.846 millones.
Entre los principales hallazgos aparecen 551 contratos con actividades repetidas o altamente similares. De estos, 367 presentan objetos contractuales idénticos, aunque con diferencias en sus valores que, en algunos casos, llegan a ser hasta cuatro veces superiores entre contratos con el mismo objeto.
La revisión también encontró casos considerados atípicos por la entidad. Uno de los contratos tiene un plazo de ejecución de solo dos días y un valor de $2.839 millones. Otro aparece registrado por $0 y tiene un plazo de ejecución que se extiende hasta 2028.
Además, 227 contratos, equivalentes al 28,1 % de toda la contratación del año, fueron suscritos el 30 de enero de 2026, un día antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. Estos contratos suman $21.137 millones. La Cancillería también identificó 101 contratos firmados durante fines de semana.
Otro de los datos reportados es que el 99,6 % de los contratos revisados fueron adjudicados mediante contratación directa. La entidad aclaró que esta modalidad es legal bajo determinadas causales, pero señaló que la concentración encontrada resulta atípica.
La revisión detectó además 618 nuevos cargos en la planta de personal, sin que hasta el momento se haya acreditado ante el GIT de Licitaciones y Contratos el estudio técnico ni el soporte presupuestal que los sustentan. La Cancillería también informó la terminación de 40 contratos de prestación de servicios con presuntas irregularidades.
De manera complementaria, fueron identificados otros 19 contratos con observaciones por cerca de $100.164 millones, que ya fueron remitidos a la Contraloría General de la República para su revisión. La entidad aclaró que este valor corresponde al monto total involucrado en los contratos observados y no constituye un detrimento patrimonial probado.
La Cancillería precisó que todos los hallazgos se encuentran en etapa preliminar y que los casos que resulten debidamente sustentados serán remitidos a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y, de ser procedente, a la Fiscalía General de la Nación.
