El Gobierno de Antioquia pidió al Gobierno Nacional modificar el nuevo reglamento para las protestas y establecer reglas que permitan a la Fuerza Pública actuar ante hechos violentos dentro de universidades y otras instituciones de educación superior.
La propuesta fue presentada por el gobernador Andrés Julián Rendón como parte de las observaciones de Antioquia al proyecto de decreto que modifica el Decreto 003 de 2021, norma que establece los protocolos para la actuación de las autoridades durante las manifestaciones públicas.
El departamento considera necesario que el nuevo reglamento incluya un artículo específico para los escenarios universitarios, en el que se establezcan criterios para proteger la integridad de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa, además de garantizar la continuidad de las actividades académicas y la protección de los bienes públicos y privados.
Rendón sostuvo que la autonomía universitaria debe ser respetada, pero no puede impedir la actuación de las autoridades cuando se presenten hechos violentos. Antioquia plantea que, en casos de violencia o flagrancia, la Fuerza Pública pueda intervenir sin requerir autorización previa de las directivas de las instituciones, bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación.
La solicitud de Antioquia llega en medio de la discusión nacional sobre el nuevo reglamento de las protestas impulsado por el Gobierno de Abelardo De la Espriella. El proyecto busca modificar las reglas vigentes para permitir que la Policía intervenga contra personas que estén cometiendo actos violentos, incluso cuando el proceso de diálogo y mediación no haya terminado. Al mismo tiempo, mantiene la protección para quienes participen pacíficamente en las manifestaciones.
El debate también alcanza directamente a las universidades. La Universidad de Antioquia ha pedido que se respete la autonomía universitaria frente al nuevo protocolo, mientras que la Defensoría del Pueblo ha señalado que cualquier intervención de la Fuerza Pública en estos espacios debe ser excepcional y respetar los derechos fundamentales.
La petición de Antioquia abre además una discusión sobre el papel que podrían asumir otros gobiernos departamentales frente al nuevo reglamento, especialmente en regiones donde se han registrado enfrentamientos, vandalismo o hechos violentos durante manifestaciones dentro o alrededor de instituciones educativas.
Por ahora, Antioquia es uno de los primeros gobiernos territoriales en plantear públicamente cambios específicos al nuevo protocolo y pedir mayores facultades de actuación para la Fuerza Pública frente a hechos violentos en universidades.
