El alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz Briñez, y el exalcalde del municipio, Miller Aldana Castro, fueron capturados este martes por servidores de la Dijín de la Policía Nacional, en el marco de una investigación de la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en contratos financiados con recursos de regalías.
Junto a los dos mandatarios también fue capturado un contratista, como parte de una investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, quien obtuvo las órdenes de captura tras recopilar elementos materiales probatorios sobre la presunta participación de funcionarios, exfuncionarios y particulares en el direccionamiento de contratos.
De acuerdo con la Fiscalía, el proceso está relacionado con un contrato de obra y dos contratos de interventoría destinados a la construcción de 1.170 baterías sanitarias en zonas rurales de Ataco. El proyecto fue financiado con 21.550 millones de pesos del Sistema General de Regalías y, según el ente investigador, permanece inconcluso.
La investigación señala que los tres capturados, al parecer, se habrían articulado para direccionar los contratos relacionados con el proyecto de saneamiento básico, suscritos entre junio y agosto de 2022, durante la administración de Miller Aldana, quien estuvo al frente de la Alcaldía de Ataco entre 2020 y 2023.
El proceso también involucra al actual alcalde Héctor Fabio Muñoz, quien asumió el cargo para el periodo 2024-2027 y habría sido requerido dentro de la misma investigación judicial.
La Fiscalía explicó que Ataco hace parte de los municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, debido a las afectaciones que dejó el conflicto armado en el sur del Tolima. Esta condición permitió que el municipio accediera a recursos del Sistema General de Regalías a través del OCAD Paz, destinados a proyectos orientados a atender las necesidades de las comunidades.
Según la Fiscalía, los recursos estaban destinados a atender necesidades básicas de las comunidades y, presuntamente, habrían terminado involucrados en un esquema de direccionamiento contractual. El ente investigador deberá establecer ahora cuáles fueron las actuaciones realizadas por cada uno de los capturados, cuál habría sido su participación individual y qué ocurrió con los recursos asignados al proyecto.
De acuerdo con la posible responsabilidad individual que determine el ente acusador, los capturados serían imputados por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público agravada y peculado por apropiación agravado. Por ahora, la investigación continúa y se espera que durante las audiencias se conozcan mayores detalles sobre las pruebas recopiladas por la Fiscalía y las circunstancias que rodearon la contratación del proyecto de las 1.170 baterías sanitarias.
