Decenas de familias del asentamiento Villa Resistencia, ubicado en la Comuna 8, al norte de Ibagué, se manifestaron esta mañana para exigirle a la alcaldesa Johana Aranda una solución habitacional ante un presunto desalojo que, según información que la comunidad dice haber recibido por terceros, se realizaría el próximo 5 de octubre. Hasta el momento, según los manifestantes, no existe una notificación oficial del operativo.
Con angustia, varios líderes y habitantes del sector —entre ellos adultos mayores, personas con discapacidad y madres cabeza de familia— pidieron a la Alcaldía revisar su situación antes de proceder con cualquier desalojo. «A esta hora hay muchas familias y hay adultos mayores con angustia, con algo estoy pensando que va a pasar de nosotros», relató una de las voceras de la comunidad.
Los residentes insistieron en que el asentamiento ha cambiado en los últimos años: «hace ya cinco años, seis años, Villa Resistencia ha sido buena, ha mejorado, que por terceras personas no todos somos delincuentes», señalaron, pidiendo que no se generalice la situación de algunos casos puntuales a toda la comunidad.
Una vocera habló de 270 familias, 260 niños y más de 150 adultos, entre ellos personas en condición de discapacidad.
Los habitantes de Villa Resistencia aseguraron que, hace algunos meses, durante la posesión del secretario de Gobierno Jhon Jairo Rojas, realizaron un plantón en el que la alcaldesa Johana Aranda se comprometió a ayudarlos. «Ella nos dio espacio, nos escuchó, nos dijo que nos iba a ayudar. Ahorita pedimos que se haga real, que no se quede en promesas», afirmó una de las líderes comunitarias presentes.
La comunidad también señaló que, aunque han recibido brigadas de salud, jornadas de peluquería y actividades de desarrollo social en el sector, el tema de fondo —la vivienda— continúa sin solución.
Uno de los habitantes afirmó que existirían más de 200 mil millones de pesos destinados al proceso de desalojo del predio, y cuestionó que esos recursos no se inviertan directamente en soluciones de arriendo o vivienda para las familias afectadas: «¿por qué prefieren pagar para atropellar a la gente? No es justo», declaró.
Sandra Paola, quien se identificó como habitante del sector y vendedora de dulces en buses, relató su situación personal: «vivo sola, trabajo, me gano mi vida día a día vendiendo dulces en las busetas. Si tengo para comer, no puedo pagar un arriendo. Por favor, queremos una vivienda digna.»
Otro residente pidió que la alcaldesa convoque una mesa de diálogo formal con la comunidad: «queremos que ella tenga una mesa de diálogo con todos nosotros para que, por favor, vele por los derechos tanto de nosotros como de los niños.»
Los habitantes hicieron referencia a un operativo reciente de las autoridades en el sector, en el que —según se indicó— fueron capturadas cinco personas presuntamente vinculadas a una banda dedicada al microtráfico, conocida como «Los Scorpion». Frente a este hecho, varios líderes insistieron en que casos puntuales de delincuencia no deben estigmatizar a la totalidad de la comunidad.
