En Ibagué ya no se habla de tarifas. Se habla de indignación. Cada mes, miles de familias abren el recibo de energía y aseo con la misma sensación que deja una multa injusta. Pagan más de lo que entienden. Y lo peor: el servicio no mejora. Lo siguen haciendo porque no hay alternativa. Y ahí empieza el verdadero problema: el abuso se volvió costumbre.

La fórmula que nadie explica

El servicio de aseo en Ibagué se cobra con base en la Resolución CRA 720 de 2015, que fija los componentes tarifarios para municipios con más de 5.000 usuarios. En el papel es una metodología técnica. En la práctica, una ecuación imposible de descifrar. La tarifa tiene tres partes fijas: Comercialización, que es emitir el recibo; Barrido y limpieza, el servicio visible cuando se presta; y Costo de Limpieza Urbana, que incluye poda, corte de césped y lavado de zonas públicas. Y tres variables: recolección y transporte, disposición final y aprovechamiento. Todo suena técnico. El resultado no: los ibaguereños pagan más que ciudades similares, como Villavicencio, donde la poda y disposición final cuestan menos. ¿Por qué? Nadie lo explica.

Ibagué Limpia, juez y parte

En 2008 nació Ibagué Limpia, una empresa de economía mixta creada para supervisar a Interaseo, la concesionaria encargada del servicio. Pero hay un detalle que desarma toda la lógica: Interaseo es dueña del 51% de Ibagué Limpia. Es decir, la empresa que debe ser vigilada es, al mismo tiempo, la que manda en quien la vigila. Un modelo que en cualquier manual de administración pública sería descrito sin rodeos: conflicto de interés.

El castigo del estrato medio

Los subsidios apenas amortiguan el golpe: el estrato 1 recibe 70%, el estrato 2, 40%, y el estrato 3 apenas 15%. Ese último, el que más cumple, es el que siente la soga al cuello. Pagan como ricos, viven como pobres y reciben servicios que parecen de olvido.

El deber del Concejo

El artículo 32 de la Ley 1551 de 2012 no deja espacio para interpretaciones: los concejales pueden citar a los representantes legales de las empresas de servicios públicos para que rindan cuentas. Si no lo hacen, la Superintendencia de Servicios Públicos debe abrir investigación y sancionar. No es un favor. No es un debate político. Es control ciudadano.

Una ciudad que debe unirse

Ibagué no necesita más diagnósticos ni tecnicismos. Necesita que gobierno, Concejo, empresa y ciudadanía se sienten en la misma mesa y revisen cómo se calcula cada peso que se cobra. Porque detrás de cada factura hay un hogar que elige entre pagar la luz o comprar el mercado.

El mensaje es simple

Si el sistema no se revisa, la desconfianza seguirá creciendo. Y cuando la gente deja de creer, ninguna tarifa es sostenible. Ibagué merece transparencia, justicia tarifaria y respeto por el bolsillo del ciudadano. No más excusas disfrazadas de fórmulas. No más empresas que se vigilan a sí mismas. No más silencio institucional. Ibagué necesita convertir la indignación en acción. Porque cada peso injusto que se cobra es un voto de desconfianza más. Y eso, al final, también se paga.