El alcalde de Medellí­n, como presidente de la junta directiva de EPM, compañí­a que presta servicios públicos en 12 departamentos, le solicitó la semana pasada al presidente Petro autorización para congelar la tarifa de servicios públicos, una jugada arriesgada desde el punto de vista empresarial, pero bastante coherente y justa desde lo social.

Se asoma la esperanza con la decisión de asumir las funciones de las comisiones reguladoras de agua potable y energí­a por parte del presidente de la República, en un hecho inédito que debe surtir resultados pero también enseñanzas y reformas en la institucionalidad y la normativa sobre la que se soporta la prestación de los servicios públicos en el paí­s.

No es normal ni mucho menos aceptable, que las tarifas de servicios públicos se hayan constituido como el segundo gasto que más impulsa la inflación en Colombia, después de los alimentos. Entre 2021 y 2022, el servicio de agua se incrementó en casi el 9% en promedio y el de la energí­a creció en casi el 15%. Cabe decir que se trata de valores promedio, porque en algunas ciudades los aumentos han sido desproporcionados.

En pandemia el descaro fue total y quizá eso detonó el malestar de los usuarios que terminó en sendos debates en el Congreso de la República y finalmente la decisión del presidente de ponerle tatequieto al festí­n de precios. Mientras todo el mundo padecí­a los efectos del confinamiento obligatorio que impedí­a salir a trabajar y abrir el comercio, la mayorí­a de empresas prestadoras abusó de la reglamentación y facturó tarifas !promedio¡ que no solo no eran coherentes con la gran cantidad de negocios y empresas cerradas, sino que lo hací­an para poder mantener altos los costos y calcular a su favor las tarifas, así­ se llenaron los bolsillos mientras la gente pasaba por momentos difí­ciles.

Pasada la época dura de la pandemia, que dejó miles de denuncias por estos abusos, la Superintendencia de Servicios Públicos pareciera no haber sido consecuente con los reclamos de los usuarios. Recordemos que Celsia fue multada con la pí­rrica suma de $800 millones por los abusos cometidos en medio de la pandemia que fueron denunciados en esta columna y por muchos otros ciudadanos, un insulto frente al volumen del daño causado. Aun así­ las tarifas siguen subiendo sin control y el servicio sigue siendo mediocre.

Hace varios años, como funcionario público, elevé peticiones a la Superintendencia por los aumentos escandalosos del servicio de aseo en la ciudad de Ibagué, pero la experiencia fue verdaderamente decepcionante.

Pese a que la denuncia emanaba de la misma Alcaldí­a de la ciudad, la atención prestada al requerimiento fue superficial y no llegó a nada, incluso en reuniones técnicas prácticamente justificaron los aumentos, eso sí­, basados en las fórmulas actuales que les permite a los prestadores auto calcular las tarifas en unos rangos que siempre terminan beneficiosos para el negocio privado.

También recuerdo que elevamos peticiones a los operadores de telefoní­a móvil e internet para que ampliaran redes a tantas zonas rurales que hoy están sin señal, la respuesta siempre era negativa y la razón eran los pocos usuarios que habí­a. Por supuesto, así­ no generarí­an ganancias.

Esperamos que bajo la tutela del presidente Petro, la Superintendencia asuma su verdadero rol de vigilar y controlar los operadores para defender a los usuarios y que las fórmulas tarifarias entren a ser reestructuradas para que no se cometan abusos amparados por la Ley.