Una constante histórica en Colombia es la desactualización del catastro. En la mayorí­a del territorio nacional pasan años y décadas sin que se actualice el valor de cada predio urbano o rural, lo que impide que los municipios puedan tener mayores ingresos por concepto de impuesto predial, pero que también genera incentivos perversos que terminan en una abrumadora inequidad en la distribución de la tierra y condiciones inapropiadas para el uso y desarrollo del suelo.

No nos vayamos tan lejos y pongamos un ejemplo local. Ibagué llevaba más de 8 años sin actualizar su catastro (la Ley establece que debe hacerse cada 5 años), hasta que en el año 2018 el Alcalde Jaramillo actualizó el catastro de la zona urbana de la ciudad. Con ello se logró ajustar los avalúos prediales de tal manera que el Municipio pudo dar un salto significativo en materia de recaudo por impuesto predial, que es su mayor fuente de recursos propios. El uso que se le ha dado a esos mayores ingresos a disposición de la Alcaldí­a es otro debate.

La actualización del catastro en la zona rural le corresponderí­a a la actual Administración Municipal, pero pese a que lo estableció como meta en su Plan de Desarrollo ya a estas alturas se prevé que no la va a cumplir. La consecuencia es que mientras en la zona urbana de Ibagué cada propietario paga un impuesto coherente con el avaluó de su predio, allá en la zona rural los propietarios de casas quintas, negocios y haciendas muy productivas, siguen pagando chichiguas por concepto de predial; aclaro: no lo hacen de mala fe, seguramente están dispuestos a pagar lo correspondiente, simplemente ahora están pagando lo que les están cobrando sobre la base de avalúos obsoletos.

Lo mismo pasa con la mayorí­a del suelo rural y en muchas ciudades y pueblos. Según cuentas del Plan de Desarrollo !Colombia Potencia Mundial de la Vida¡, mas del 90% del área geográfica del paí­s presenta catastros desactualizados. Para resolver este asunto, el Gobierno del Cambio se propone lograr un catastro multipropósito en el 70% del área del paí­s durante este cuatrienio, para de esta manera fortalecer los ingresos propios de las entidades territoriales (que bien usados pueden detonar soluciones económicas y sociales que aliviarí­an la pobreza y el desempleo), pero sobre todo generar condiciones justas para la tenencia, uso y desarrollo del suelo.

Que 920 propietarios de predios rurales en Colombia posean más tierra que 2.2 millones de propietarios, debe decirnos algo. Que de 40 millones de hectáreas de suelo agrí­cola apenas 5.3 millones se estén dedicando a la producción agrí­cola y el resto dedicada a la ganaderí­a extensiva o peor aún, improductiva, también invita a la reflexión. Modificar los instrumentos y mecanismos para incentivar mejores condiciones para la tenencia, uso y distribución de la tierra es una ambición legitima que, complementada con procesos de formalización y acceso a conocimiento y crédito, seguramente impactara en que el campo colombiano se convierta en un verdadero motor del desarrollo, para asegurar el derecho humano a la alimentación y generar empleo y crecimiento económico exponencial.