Este año 47 alcaldes del Tolima iniciaron su periodo, el cual se extenderá hasta diciembre de 2023. Durante este semestre, cada mandatario deberá presentar su propuesta de Plan de Desarrollo ante el Concejo Municipal. El documento contiene los compromisos que la Administración deberá ejecutar en cada área, dentro de sus cuatro años de gobierno.

Cualquier colombiano tiene el derecho a participar en la construcción del Plan de Desarrollo, además de ejercer el control a su ejecución; al tratarse de recursos y bienes públicos.

Dicha facultad está reglamentada en cuatro artí­culos de nuestra Constitución y alrededor de 18 leyes relacionadas. Así­ las cosas, permitir el control a la gestión pública no es un !favor¡ del gobernante hacia la comunidad, sino el cumplimiento con su deber.

¿Cómo hacer seguimiento?

La ciudadaní­a puede solicitar información por parte de una entidad pública o privada que maneje recursos públicos, esto mediante un Derecho de petición, el cual deberá ser resuelto dentro de los quince dí­as siguientes a su recepción, tal y como lo establece la Ley 1755.

A su vez, existen diferentes mecanismos para ejercer seguimiento, uno de ellos es la conformación de una Veedurí­a ciudadana. Según la Ley 850, para ello se requiere elaborar un acta de constitución con el nombre de los integrantes, documentos de identidad, objeto de la vigilancia, nivel territorial, duración y residencia; e inscribirse ante las personerí­as o las Cámaras de Comercio.

De otra parte, por medio de una queja ciudadana se puede manifestar una inconformidad con relación a la conducta de uno o varios servidores públicos en el desempeño de sus funciones, ante la Procuradurí­a, personerí­as, Control Interno de las entidades públicas, Fiscalí­a o Contralorí­a; según el contenido de la misma.

También, los concejos y JAL pueden convocar cabildos abiertos y audiencias públicas, con el fin de discutir asuntos de interés con la participación de la comunidad para buscar soluciones. Igualmente, la ciudadaní­a puede acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una norma jurí­dica o acto administrativo, mediante una acción de cumplimiento; existiendo también las figuras de acción popular y acción de grupo.

La invitación es a dejar a un lado la indiferencia social; ejerciendo el derecho a hacer seguimiento a nuestros gobernantes. Especial atención merece el caso de Ibagué, ya que las primeras licitaciones del gobierno Hurtado (Coliseo Mayor y vigilancia del IMDRI) empiezan a reflejar anomalí­as, según denunciaron diferentes medios de comunicación.