Por: Gustavo Osorio

El Domingo a las 05:00 pm una niña de 11 años de la comunidad indí­gena !Embera Chami¡, salió de su casa al bosque a buscar unas guayabas para hacer un jugo para ella y su madre enferma, sus nueve hermanas y sus hermanos, su padre ya habí­a fallecido, hacia un tiempo a tras.

Pasaban las horas y la niña no regresaba a su casa, lo que de inmediato obligó a que sus familiares iniciaran su búsqueda, entre los lugares donde fueron a buscar a la niña, estaba el campamento donde se encontraba acantonado el ejercito en zona rural de Puerto Rico, Risaralda; en lí­mites con el Choco; los militares que allí­ se encontraban, contestaron que no habí­an visto a la niña.

A las 10:00 de la mañana del otro dí­a junto al rí­o y en un paraje despoblado, encontraron a la niña, llorando y en un estado deplorable, al llegar a casa, la niña llena de temor, rabia, angustia y bañada en lagrimas, relató a su familia lo que le habí­a ocurrido.

Entre los hechos que relató, mencionó que soldados de nuestro Ejercito Nacional, la habí­an violado, mientras un hombre la accedí­a carnalmente otros dos la sujetaban de sus brazos y piernas, después mientras otro hombre la accedí­a carnal y violentamente, otro hombre poní­a su mano sobre su boca, para evitar que sus gritos y voces de auxilio se escucharán. La amenazaron a ella y a su familia si contaba lo que habí­a ocurrido, y así­ pasó toda esta larga noche infernal para esta niña de tan solo 11 años de edad.

Todo lo anterior, conforme al relato que la hermana de 32 años le hizo a la periodista Vicky Dávila en su programa, a través de las redes sociales en la revista Semana. En el relato, dice la testigo, que después de que la niña cuenta su historia, fueron hasta donde se encontraba el ejercito, la niña pudo ver a nueve soldados que allí­ se encontraban, de los cuales reconoció en el lugar a tres de ellos, quienes habí­an participado en la conducta sexual violenta en su contra.

Conocidos estos hechos, la Fiscalí­a General de la Nación, procedió a solicitar la captura de 7 soldados pertenecientes a la unidad militar que se encontraba en el lugar de los hechos para el dí­a de ocurrencia de estos, una vez dichas ordenes fueron entregadas por el Juez Penal en función de Control de Garantí­as, se procedió a realizar sus capturas.

Lo que sucedió entre el momento de la captura de estos siete hombres de las fuerzas militares, y la audiencia de formulación de imputación, es una incógnita, la verdad de lo ocurrido en esos momentos solo la tienen los Fiscales y los funcionarios de la Policí­a Judicial, así­ como los procesados y sus defensores y, esperamos que igualmente el Ministerio Público, el abogado Representante de la ví­ctima que la Defensorí­a del Pueblo debió haber proveí­do.

Pero por los hechos subsiguientes y basados en la experiencia que me deja más de 15 años de ejercicio como abogado penalista, podrí­a afirmar con probabilidad de certeza, que lo ocurrido, se circunscribió a un acuerdo soterrado, ilegal, y mal intencionado entre la Fiscalí­a y los procesados y sus defensores, acuerdo que trae consigo unas consecuencias funestas para la victima, su familia y para el paí­s en general, acuerdo que obedeció a la prevalencia de los errados principios de la justicia espectáculo, que los verdaderos principios de la justicia seria que hoy reclama el paí­s.

Cuando el Fiscal General de la Nación decidió proteger más su imagen y volverse un personaje mediático y estar más pendiente de la opinión y de la búsqueda de la aceptación popular sobre sus actos, que en garantizar el sigilo, el secreto, la seriedad y la rectitud de sus actos y de los de su entidad, perdimos el norte.

Seguramente, en el afán de entregar un resultado rápido a la opinión publica, de haber logrado no solo la identificación de los presuntos autores, sino además mostrar al paí­s fortaleza al lograr que los responsables aceptaran de entrada cargos en la formulación de imputación, llevó a que se hicieran unos acuerdos secretos entre Fiscalí­a y Defensa. Y no tení­a que ser así­, pues el Código de Infancia y Adolescencia prohí­be cualquier tipo de acuerdo en esta clase de asuntos.

Y ese acuerdo consistió en que, a cambio de su aceptación de los cargos, la Fiscalí­a al calificar la conducta, presentarí­a el caso como acceso carnal abusivo y no violento, lo que de suyo ya les darí­a de entrada una pena menor; pero además, dejarí­an de presentar o no presentarí­an la totalidad de situaciones que constituyen los agravantes especí­ficos, genéricos y que son los que permiten al Juez que va dictar la sentencia, fijar la pena, la movilidad dentro de los cuartos punitivos, para poder imponer la máxima, ejemplar y justa pena.

Es decir, si la Fiscalí­a al momento de presentar la imputación jurí­dica, no presentó las causales de agravación y de mayor punibilidad, tales como la condición de superioridad del agresor, la coparticipación criminal, el concurso de delitos, porque según el relato fueron varios accesos violentos y hasta pudo haber concurso con actos sexuales violentos, pues si uno de los siete señalados no la accedió, pero realizó otros actos distintos sobre el cuerpo de la niña, existirí­a dicho concurso, y por haber coparticipación deben responder por la totalidad de las conductas; si la fiscalí­a no hizo bien su tarea al momento de calificar jurí­dicamente los hechos y no imputó conforme a la realidad, benefició a los delincuentes dejando atado al juez de conocimiento a imponer tan sólo la pena mí­nima para este delito, o por lo menos, una pena que no va ser la máxima posible y que en últimas era la merecida en este caso.

No bastando tamaña concesión hecha sobre la í­nfima pena que estos señores van a recibir gracias al festí­n mediático de la Fiscalí­a, se acordó igualmente, en forma secreta pero probado con los hechos, que los sujetos bandidos y delincuentes, no van a ir a una cárcel normal, sino que como hasta ahora sucede, van a permanecer en una base militar.

Con la conducta imputada por la Fiscalí­a, de acceso carnal abusivo, el ente acusador, desconoce los testimonios y los elementos de prueba y evidencia fí­sica que permiten concluir que la niña nunca consintió ser ultrajada toda una noche entre los matorrales por siete hombres portando armas de fuego, pordebajeando su dignidad y destruyendo su vida en cada tocamiento, en cada maldita penetración asquerosa, que ella jamás aceptó, que ella esa terrible noche fue violada, contra su voluntad y con el uso de violencia fí­sica y psicológica.

Esperemos que además ese terrible error de la Fiscalí­a no repercuta en el proceso contencioso administrativo entre las victimas y el Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional, y que la gravedad del daño no se vea disminuido y por ende la indemnización que se otorgue tampoco sea la justa.

Señor presidente, si tan interesado está en ayudar y hacer justicia, en lugar de salir a proponer conductas contrarias a la Constitución y al derecho, como aplicar una cadena perpetua que aun no esta vigente, dé la orden al Ministro de Defensa y al comandante del Ejército, para que en sede de conciliación se indemnicé a la niña y a su familia, con el más alto valor económico posible y legal, y no los vayan a someter a un proceso de años.

Finalmente, el horror de aquella noche lo vamos a terminar pagando los colombianos de bien, con nuestros impuestos con los que se mantiene a nuestras tropas.