Por: Camilo Ernesto Ossa B.

La semana pasada se socializó el resultado de la encuesta virtual, fase 2 - 2021, realizada por Ibagué Cómo Vamos y, aunque el resultado es contundente en relación, justamente, a cómo va la ciudad, hay un aspecto, a mi modo de ver, que sobresale en la preocupación, hay muchos y muy importantes, pero me quiero detener en el siguiente: los servicios públicos y, dentro de estos, aun cuando el 38,4% de los encuestados se siente insatisfecho con la prestación del servicio de energí­a eléctrica, la mala percepción del servicio de acueducto llama la atención.

Aproximadamente, hacia los años 80´s los servicios públicos domiciliarios fueron objeto de un proceso liberalizador en busca de introducir competencia, eficiencia y oportunidad en la prestación, tal fue el caso de la telefoní­a y, como no, el servicio de agua potable, entre otros, pues estos, al depender de una facilidad común en la prestación, tení­an -y tienen- una gran propensión a limitar la competencia, de ahí­ la proliferación, desde ese entonces, de una serie de normas encaminadas a mejorar la cobertura, propiciar la inversión y la ampliación introduciendo competencia, muy crí­tico el panorama hoy dí­a frente a el cumplimiento de esos objetivos competenciales -será objeto de otro debate-, pero lo que sí­ vemos -y se puede concluir de la encuesta- es una clara restricción a la libertad ciudadana de una administración municipal que falla al proporcionar los servicios públicos domiciliarios, a satisfacción, a su población, no solo en relación a la cobertura -un problema de POT, fundamental-, sino en cuanto a la calidad del servicio, algo que tiene que ver directamente con la riqueza -o pobreza- a imprimir a un territorio.

Según la encuesta arriba señalada, el 47,2% de los encuestados está insatisfecho con el servicio de acueducto que recibe, frente a un 33% de satisfechos y, el 44% de los encuestados, está insatisfecho con la calidad del agua que recibe, cifras contundentes que, claramente, pueden explicar la condición socioeconómica que vive Ibagué -no solo de ahora, de tiempo atrás-. Los servicios públicos son una condición, sine qua non, para la inversión, el desarrollo, la planeación y ordenación del territorio, tanto por la vocación económica del municipio, como por las demandas ciudadanas y una visión de ciudad sostenible ambientalmente. El panorama resulta ser bastante complejo sobretodo cuando vemos una limitación en el desarrollo de ciudad por la inadecuada prestación/calidad del agua, solo por citar un ejemplo, los casos que han puesto en evidencia el problema de disponibilidad de agua potable en los proyectos de vivienda que se ofrecen y se construyen en la ciudad (caso Alminar Samoa y otros), de ahí­ la importancia de empezar, desde ya, la discusión del nuevo POT.

Sin lugar a dudas, la próxima elección de alcalde de Ibagué es vital para trazar la ruta de crecimiento y desarrollo de, por lo menos, los siguientes 30 años -me atreverí­a a decir que es la más importante desde que existe la elección popular de alcaldes-, donde le corresponde, a ese alcalde, la preparación y discusión del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial del municipio, con una estela de problemas en empleo, infraestructura, ví­as, movilidad, seguridad, salud, servicios públicos, entre otros y que, según los resultados de la encuesta, menos mal no le correspondió a la actual administración, porque la deslegitimación está a la orden del dí­a, con el 63,6% de los encuestados calificando como mala la gestión del alcalde y el 51,4% considerando que durante el último año, el nivel de corrupción en Ibagué ha aumentado.