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OPINIÓN 15-06-2020

Nury: ¿y ahora qué?

Nury: ¿y ahora qué?

Por: Camilo Ernesto Ossa B.       

El caso de Nury Alexandra Prieto Quintero, quién fue víctima de una crueldad desbordada, nos refleja otra pandemia que padecemos desde hace ya bastante tiempo, donde encontramos que la violencia contra la mujer se sigue enraizando en nuestra cultura, afectando la vida e integridad de las mujeres en nuestro país, en el departamento y en nuestra ciudad. Solo por citar un ejemplo, miremos los efectos del aislamiento social obligatorio en cuanto al aumento de cifras de violencia intrafamiliar, algo escandaloso que debería preocuparnos como sociedad.

Pero este hecho desnuda un problema adicional: el maltrato a la integridad, la dignidad y al mínimo vital de las mujeres que son víctimas de delitos atroces y que les dejan secuelas físicas, psicológicas y morales. A Nury le fallamos como Estado y como sociedad, el primero, porque, si bien logró la condena del victimario, deja a la víctima y sus familiares, que cuentan con escasos recursos económicos, a la merced de las ayudas que esa misma sociedad, que también le falló por permitir normalizar la violencia contra la mujer, le pueda donar. Nury no tiene ni afiliación ni cobertura del sistema de seguridad social en salud para hacer frente a todos los gastos que demanda su estado actual, lo que la hace doblemente víctima de un sistema profundamente inequitativo e inmoral.

Según cifras del Ministerio de Salud, en el departamento del Tolima tenemos una cobertura en salud del 87,92% con corte a mayo de 2020, muy por debajo del promedio nacional que ronda el 95,76%, es decir, Nury hace parte de ese 12,08% de personas en el departamento que no tienen ningún tipo de garantía en el sistema de seguridad social en salud, toda una calamidad, tanto para el mismo Estado, como para quienes pertenecen a este grupo de desamparados.

Hace ya algunas semanas, en este mismo espacio, insistí en la necesidad de tener una política pública de mujer que sea integral y universal, que garantice la promoción, protección y el restablecimiento de los derechos humanos de las mujeres, pero indudablemente hay que incluir en esa política pública, la correcta asegurabilidad en salud de las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar en nuestro territorio, para evitar que la condición de Nury se vuelva a repetir.

Esta es, a grandes pinceladas, la radiografía de la situación, pero queda un interrogante ¿cómo vamos a restablecer la dignidad y el mínimo vital de Nury y su familia? Esta tarea le corresponde al Estado y esperamos que esta vez sí opere de manera automática la Constitución Política, donde nos dicen que Colombia es un Estado Social, lo cual impone la obligación de cumplir con su fin de asistencia, garantía de derechos y libertades y el aseguramiento de las condiciones mínimas vitales para la subsistencia de los ciudadanos. Donde también se consagra el derecho a la salud y la dignidad como principios transversales al espíritu mismo de esa carta de derechos, principios y valores y, en consecuencia, no tengamos que estar acudiendo al proceso de desgaste al que nos somete nuestro sistema de salud, donde hay que pasar por la tutela, el desacato, la denuncia penal y hasta la huelga, para hacer que a Nury le sea entregado todo lo necesario para continuar su proceso de recuperación con un parvo de dignidad.   

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