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NACIONAL 25-03-2020

Alertan sobre mal procedimiento en las muestras para confirmación de COVID-19

Alertan sobre mal procedimiento en las muestras para confirmación de COVID-19

La Procuraduría General de la Nación hace un llamado a las entidades territoriales y distritales de salud a fortalecer los laboratorios de salud pública de su jurisdicción y a realizar estricto control a la calidad de las pruebas de COVID-19, para evitar retrasos en los procesos de análisis y confirmación de resultados.

En visita al Instituto Nacional de Salud, se evidenció incumplimiento por parte de las Entidades Territoriales de Salud de algunos departamentos, municipios y distritos del país, a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social sobre rotulado, embalaje y traslado de las muestras.

Algunas no estarían cumpliendo con las definiciones correctas del caso, presentan embalajes inadecuados, muestras no aptas para el proceso de análisis, mala conservación y fichas epidemiológicas que no cumplen con los requisitos para realizar los registros, lo que conlleva un grave reproceso y la obligación de volver a tomarlas.

 Cada muestra le cuesta al sistema $380.000 aproximadamente, sumado a los riesgos de más contagios que en el trascurso de este reproceso se puedan producir. La Procuraduría encontró que, aunque los laboratorios de salud pública deben tener contratado el transporte de sustancias infecciosas y/o material biológico que garantice el traslado de las muestras, no contarían con esos convenios pese a la situación epidemiológica y la alerta sanitaria. A la fecha solo 5 de los 32 departamentos tienen contratado este servicio.

Adicionalmente, se vendrían presentando demoras en la socialización del resultado por parte de las entidades territoriales de salud a las IPS y a las EAPB, lo que conllevaría a que los tratamientos médicos se dilaten de tal manera que pueden agravar la situación clínica de pacientes contagiados, además de aumentar el riesgo de nuevos casos.

De manera que, el Ministerio Público impulsa a los secretarios de salud departamentales y municipales a gestionar y cofinanciar la implementación inmediata de rutas de transporte para personal médico asistencial que labora en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de carácter público o privado, que garanticen su seguridad y la de los conductores, conforme a los protocolos existentes.

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