Un docente tolimense, identificado como Iván Felipe Cediel Marín, pensionado por invalidez desde 2023 y paciente oncológico, denunció públicamente una situación administrativa que califica como injusta, relacionada con un cobro de más de siete millones de pesos que la Gobernación del Tolima le exige devolver por supuestas incapacidades médicas.

Según explicó Cediel, al iniciar el trámite para el retiro de sus cesantías, le fue solicitado un paz y salvo expedido por la Gobernación. Sin embargo, la entidad reportó que debía reintegrar recursos correspondientes a incapacidades médicas. Ante esto, el docente interpuso derechos de petición tanto ante la Gobernación como ante la EPS Tolihuila (Emcosalud), donde —según afirma— le atribuyeron incapacidades que no coinciden con su número de cédula ni con su historia clínica, incluso una por fractura, condición que nunca ha tenido.

“El manejo de la información por parte de la EPS es negligente y está generando graves perjuicios. Cada entidad se lava las manos, y el afectado termina siendo el docente”, expresó Cediel, quien asegura que, pese a contratar un abogado y buscar una conciliación, el trámite continúa estancado.

El maestro también señaló que este tipo de situaciones no son aisladas, pues otros docentes pensionados habrían enfrentado casos similares. “Algunos, por desconocimiento o miedo, terminan asumiendo deudas que no les corresponden, afectando sus ahorros de toda la vida”, añadió.

Cediel hace un llamado a las autoridades departamentales y nacionales para que revisen los procesos administrativos entre las entidades implicadas y se garanticen los derechos de los maestros. “Una persona enferma no debería estar gastando su energía en resolver errores que no ha cometido”, manifestó.

El docente espera que su caso sirva para visibilizar las fallas en la coordinación entre la Gobernación y la EPS, y para que se implementen correctivos que eviten nuevos atropellos a los docentes pensionados del Tolima.

POR: Redacción Tolima - El Irreverente