Habitantes de la vereda Santa Isabel, en el municipio de San Luis, han denunciado públicamente la persistencia de presuntas actividades de minería ilegal en el predio conocido como Potosí, propiedad de la señora Sandra Milena Montoya Álvarez. A pesar de la Resolución No. 608 emitida por la Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) el pasado 28 de febrero de 2024, que ordena suspender la explotación, los residentes aseguran que la actividad minera continúa sin control.

Según lo expresado por la comunidad, esta explotación ha generado graves impactos en la salud de los habitantes, ha deteriorado seriamente las vías de acceso por el constante tránsito de volquetas, y ha destruido nacederos de agua y capa vegetal esencial para el equilibrio ecológico del sector.

“La situación es crítica. Llevamos más de tres años enfrentando esta problemática. Aunque CORTOLIMA ya se pronunció, no ha sido posible hacer cumplir la suspensión. Cuando vienen las visitas oficiales, alguien de la misma entidad alerta a los responsables, detienen temporalmente las actividades y ocultan la maquinaria, lo que impide que se tomen medidas efectivas”, relató uno de los habitantes en conversación con la periodista Natalia Gualanday.

Además del daño ambiental, los cultivos tradicionales de maíz, yuca, limón, aguacate y ahuyama también están siendo afectados por la contaminación, lo que compromete la subsistencia de decenas de familias campesinas. La situación afecta, asimismo, el corredor agroturístico de la zona, impactando la economía local y el patrimonio cultural de esta región del Tolima.

Los habitantes denuncian falta de acción por parte de las autoridades competentes y aseguran que han presentado derechos de petición y quejas ante diversas entidades, sin obtener respuesta efectiva. Incluso, mencionan la existencia de presuntos vínculos entre funcionarios de CORTOLIMA y la actividad minera, lo que estaría obstaculizando el cumplimiento de la suspensión ordenada.

“Exigimos que se haga cumplir la resolución, que se detenga esta explotación ilegal y que se proteja nuestro territorio. No podemos seguir viviendo entre el polvo, el ruido, la contaminación y el abandono institucional”, concluyeron los voceros comunitarios.

La comunidad hace un llamado urgente a los medios de comunicación de Ibagué y el Tolima para visibilizar esta situación y ejercer presión pública que lleve a una intervención real antes de que los daños ambientales y sociales sean irreversibles.

POR: Natalia Gualanday - El Irreverente