Desde noviembre del año pasado, comunidades indígenas y campesinas de Natagaima han bloqueado la entrada al relleno sanitario Pacandé, denunciando su impacto ambiental y la falta de consulta previa en su ampliación. 

La controversia comenzó en 2020, cuando se autorizó la recepción de residuos de 13 municipios, pese a que inicialmente solo debía recibir los de Natagaima y Coyaima. Según los manifestantes, la expansión se hizo sin considerar la cercanía de veredas habitadas por comunidades indígenas y fuentes hídricas.

La veeduría ciudadana denominada "Natagaima no quiere basuras de otros municipios" ha liderado la resistencia y ha señalado irregularidades en el contrato firmado en 2023 entre la Alcaldía del entonces mandatario David Mauricio Andrade Ramírez y el consorcio operador del relleno. Este acuerdo, con una duración de 30 años y sin costos significativos para el concesionario, ha sido criticado por otorgar grandes beneficios a la empresa mientras el municipio solo recibe un 3% que representarían un millón ochocientos de ingresos mensuales. 

El Irreverente realizó una entrevista exclusiva a la alcaldesa Astrid Pava Yara, quien también se mostró preocupada y manifestó su inconformidad señalando que si bien el municipio es propietario del lote donde opera el relleno, los beneficios económicos que recibe son mínimos. "Aún no se ha liquidado ni cobrado la tasa ambiental correspondiente", reveló.

Los habitantes denuncian condiciones insalubres en el relleno, con malos olores, proliferación de ratas y moscas, así como el riesgo de contaminación de acuíferos y fuentes fluviales cercanas. A pesar de visitas de Cortolima y otras entidades gubernamentales, los ciudadanos aseguran que no se han realizado mediciones ambientales rigurosas y que los informes oficiales minimizan la problemática.

Ante la crisis sanitaria generada por la falta de recolección de basuras en Natagaima, la comunidad permitió el ingreso de residuos locales, pero el consorcio se negó a recibirlos si no se reabría el relleno para todos los municipios. En respuesta, los manifestantes exigen la anulación del contrato y la búsqueda de alternativas sostenibles para la gestión de residuos.

Por su parte, la mandataria de esta población sostiene que la administración municipal está revisando a fondo el contrato antes de tomar una decisión definitiva. "Este contrato, para cancelarlo, debe ser revisado legalmente. Estamos en mesas técnicas junto con Espunat y el consorcio para evaluar la viabilidad de su terminación. No podemos tomar decisiones apresuradas que generen problemas jurídicos para el municipio", explicó la mandataria.

Mientras tanto, la comunidad continúa en resistencia, exigiendo la cancelación del contrato y la búsqueda de una solución ambientalmente sostenible para la gestión de residuos en la región. 

Actualmente, los desechos son llevados al relleno sanitario de "La Miel" en Ibagué, mientras la veeduría mantiene su lucha legal y social. Se espera una respuesta del Tribunal Administrativo del Tolima a la demanda interpuesta por la comunidad, que continúa resistiendo en defensa de su derecho a un ambiente sano.

POR: NATALIA GUALANDAY - EL IRREVERENTE