La decisión judicial que tenía en vilo a Ataco ya fue conocida. El actual alcalde, Héctor Fabio Muñoz Briñez, y el exalcalde Miller Aldana Castro, quedaron cobijados con medida de aseguramiento en detención domiciliaria dentro de la investigación por las presuntas irregularidades, que rodean un millonario proyecto de saneamiento financiado con recursos de regalías. La determinación fue adoptada por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Garantías de Chaparral, luego de las audiencias adelantadas dentro del proceso que también involucra al contratista Rodolfo Fajardo.
Sin embargo, la decisión no quedó en firme. Tanto la Fiscalía como los abogados defensores anunciaron que apelarán, aunque por razones completamente distintas. Mientras los defensores buscan controvertir la medida impuesta a los dos exmandatarios, la Fiscalía considera que los elementos materiales probatorios presentados durante las audiencias permitirían solicitar una medida más severa y, por ello, pretende que sean enviados a un establecimiento carcelario.
Ahora, será un juez de segunda instancia el encargado de revisar los argumentos presentados por las partes y determinar si mantiene, modifica o revoca la decisión adoptada en primera instancia. Entre tanto, la investigación continúa y está relacionada con un proyecto que contemplaba la construcción de 1.170 baterías sanitarias en zonas rurales de Ataco, con recursos cercanos a los 21.550 millones de pesos provenientes de regalías.
Precisamente, la Fiscalía investiga presuntas irregularidades relacionadas con la contratación y ejecución de este proyecto. Por su parte, las defensas han controvertido los señalamientos y ejercen el derecho de contradicción dentro del proceso.
En cuanto al contratista Rodolfo Fajardo, su situación jurídica todavía está pendiente de definición dentro de la misma actuación judicial. Por ahora, el proceso continúa avanzando mientras se resuelven las decisiones correspondientes.
De esta manera, el caso entra en una nueva etapa con las apelaciones anunciadas por la Fiscalía y las defensas. No obstante, al tratarse de una investigación en curso, la medida de aseguramiento no constituye una condena y los procesados conservan su derecho a la defensa y la presunción de inocencia hasta que exista una decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal.
